POR FREDERY BURGOS SANCHEZ.- El 21 de junio del pasado año 2021 el privado de libertad Fausto Francisco Capellán Guillén fue asesinado a causas de varios disparos por arma de fuego dentro de una celda de la fortaleza Duarte a manos del recluso Jesús Manuel Doli de la Cruz.
Hace aproximadamente dos días y para ser mas preciso el pasado domingo 16 de enero de este año 2022, en la cárcel de La Victoria, ocurrió un hecho similar, aunque el número de muertos y heridos fue mayor, perdiendo la vida por causas de arma de fuego los reos que fueron identificados como: Juan Nicolás Ovalles Ferrán (el Mello) de 30 años, Pedro Luis Moreno Díaz de 31 y Rafael Batista (Rasputín) de 35 de edad.
La pregunta que gran parte de la población se hace es: ¿Quién o quiénes permiten introducir las armas de fuego a los recintos carcelarios?
Esto es verdaderamente alarmante y preocupante, donde nadie da respuestas a las interrogantes que nos hacemos, pero tampoco hay respuesta clara por parte de las autoridades penitenciarias y de la Procuraduría General de la República (PGR), mucho menos del Ministerio Público (MP), lo cual garantiza impunidad a los que facilitan el trasiego de armas.
Quienes sentimos preocupación por estos hechos debido a la recurrencia de los mismos en las distintas cárceles del territorio nacional, no logramos entender como las autoridades no logran controlar esta nociva práctica del tráfico de armas en los centros carcelarios pues no hay que ser un genio para identificar quienes son los responsables, sancionarlos y evitar con ello los lamentables acontecimientos narrados, donde pierden la vida personas que aún siendo prisioneros, el estado debe velar por garantizarle la vida durante el cumplimiento de su condena en el sistema del viejo y el nuevo modelo penitenciario del país.
¿Qué autoridad de la fortaleza Duarte ha sido sancionada por el hecho ocurrido?
Ninguna autoridad competente o responsable ha sido sancionada, porque los que están para brindar la seguridad son parte del engranaje de corrupción y pus que impera a lo interno de estos recintos carcelarios, pues nadie, sin anuencia o complicidad de un policía o un militar tiene la facilidad de introducir desde armas de fuego, como también sustancias alucinógenas (drogas).
Estos casos deben ser investigados y que se aplique un régimen de consecuencia contra los responsables por su complicidad; tanto en el caso de la fortaleza Duarte, así como también con el hecho ocurrido el pasado domingo en la cárcel de La Victoria.
